Desde sus inicios, los Centros Socioculturales Autogestionados (CSA) nacen como respuesta a la crisis económica y social de los años 80 y 90, hasta su consolidación como espacios de referencia en la promoción de la sostenibilidad y la inclusión social. Estos Centros han constituido en las últimas décadas en Europa una red formada por la ciudadanía para contar con un espacio en el que desarrollar facetas vitales más allá del ámbito laboral o doméstico en relación con la satisfacción de las necesidades que no son cubiertas por ninguna institución.
Se trata de nuevas formas de relación que ofrecen como marco la construcción de nuevos vínculos y experimentación con confluencia de sujetos sociales, basadas en la igualdad de trato y la diversidad, de colectividades, culturas y expresiones sociales.
La autogestión se ha convertido en una práctica habitual en este tipo de centros que ha tenido un fuerte impacto en las políticas públicas relacionadas con la cultura, pues identifica y forma parte del propio sistema o de lo que podríamos denominar “el ADN de los centros sociales”(1). Este concepto de autogestión se encuentra íntimamente ligado a la sostenibilidad y, en consecuencia, a los objetivos de la Agenda 2030.
Habitualmente, los CSA siguen una estructura horizontal, lo que conlleva que se experimente el asamblearismo y la toma de decisiones horizontalmente. Por ello, es común que los procesos de participación se realicen a través de generar alianzas amplias entre organizaciones y movimientos sociales, o incluso mediante prácticas organizativas y deliberativas inclusivas y horizontales (2), con una forma de gestión de espacios asamblearia y autónoma.
Respecto a la forma jurídica que pueden adoptar los colectivos que gestionan los CSA es el de asociación pero, en otras ocasiones hay incluso una falta de forma jurídica definida. Los colectivos comienzan a desarrollar la actividad sin detenerse en este aspecto, centrándose en la comunidad y el impacto social en el vecindario, presentando así una gran problemática que no beneficia en absoluto al desarrollo a medio o largo plazo del propio Centro.
Tras esta breve introducción seguro que tenéis en la cabeza el nombre de algún Centro Sociocultural, y es que en Galicia han existido varios que ya no siguen operativos, como La Nave 1839 de Coruña, cerrado temporalmente, o el Liceo Mutante de Pontevedra, actualmente trabajando en una nueva localización. Por otro lado, otros como A Casa do Peixe en Santiago de Compostela, CSA do Sar, continúan en funcionamiento con diferentes actividades y talleres para el barrio.
Para este tipo de centros, la autogestión es el principal modelo de financiación, por lo que los recursos provienen, principalmente, de las propias actividades del centro. Producen un espacio que da lugar al desarrollo de formas de trabajar y decidir en conjunto, generando conocimientos, recursos compartidos y bienes comunes urbanos que se encuentran fuera de los intereses comerciales y la financiación estatal.
Este aspecto resulta interesante porque, a pesar de tener en muchas ocasiones problemas para su desarrollo, este tipo de proyectos, como se ha mencionado previamente, se encuentran directamente relacionados con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, pues a través del fomento de la participación ciudadana y la inclusión social contribuye a reducir las desigualdades – ODS 10 –, aplica políticas de paz, justicia e instituciones sólidas – ODS 16 – y promueve prácticas sostenibles y responsables con el medio ambiente en lo que se refiere a la producción y el consumo responsables – ODS 12 –, así como al cuidado del clima y medio ambiente – ODS 13 –.
Además, los distintos ámbitos de actuación se encuentran en la acción de los Centros Socioculturales, como el ámbito de la educación, la cultura, la salud, del bienestar, del fomento del emprendimiento y de la innovación social.
En el marco de la Agenda 2030 se reconoce la importancia de promover la diversidad cultural y garantizar la inclusión de todas las personas – independientemente de su raza, género, sexo o edad – en el desarrollo sostenible de las ciudades y comunidades, contribuyendo los Centros Socioculturales Autogestionados a este objetivo al brindar espacios seguros para el intercambio y la valoración de la diversidad cultural, promoviendo así sociedades más inclusivas y equitativas.
Llegados a este punto, se introduce un concepto en este ámbito de actuación denominado Derecho a la Ciudad, que me gustaría traer al conocimiento de todos a través de este artículo. Sin embargo, este concepto no es nuevo: en 1968, Henri Lefebvre nos aproxima al mismo a través de su publicación bajo el mismo nombre (3), denunciando la crisis de la vida cotidiana en la ciudad europea del siglo XX. Principalmente, este concepto implica que los habitantes de un territorio tienen los mismo derechos y deberes, y que la ciudad debe ser un bien común que permita una vida digna.
Este autor comenzó a establecer las bases de sociología de la vida cotidiana con el fin de exponer cómo la construcción de las ciudades se ha desarrollado bajo un mecanismo controlado por el mercado. Su pensamiento va orientado hacia una crítica a la urbanización como una cuestión social y política puesta en manos de una ciudad.
Expone, también en su obra, el concepto de “principio de utopía experimental” para preguntarse de qué modo se construye la ciudad para devolvérsela a esas personas que la viven o habitan. El Derecho a la Ciudad llegó en el año 2001 al Foro Social Mundial de Porto Alegre, dónde se intentó reunir reivindicaciones sobre vivienda y medio ambiente válidas para todo el planeta y se formuló́ una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad basada en los preceptos de ‘solidaridad, libertad, igualdad, dignidad y justicia social’, la cual ha llegado a ser adoptada y ha generado un claro impacto en otros Foros y Seminarios, siendo en esta última década una alternativa y una reclamación para dar respuesta a desafíos de nuestro tiempo ofreciendo soluciones concretas.
Podríamos decir, que el Derecho a la Ciudad se encuentra íntimamente ligado al Urbanismo, esta disciplina que planifica y construye nuestros barrios, pueblos y ciudades, es decir, una amplia variedad de espacios que incluyen viviendas, el espacio público, los equipamientos, el transporte y el entorno. Pero actualmente, el término “urbanismo” suena demasiado solitario y reclama el apellido “feminista”, refiriéndose a esa idean sencilla pero, a su vez, radical, de poner la vida de las personas en el centro de las decisiones urbanas, desarrollando ciudades que permitan la convivencia y la vida en común de las personas en su diversidad (4).
Zaida Muxí Martínez en su obra “¿qué aporta la perspectiva de género al urbanismo?” relaciona el Derecho a la Ciudad y el Urbanismo Feminista, y expone: el objetivo del urbanismo debería ser poder disfrutar de ciudades inclusivas que tengan en cuenta la diversidad real que caracteriza a los espacios urbanos, y así poder hacer posible que el derecho a la ciudad sea un derecho humano para todas las personas.
Con todo, reivindiquemos nuestro derecho a construir el espacio en el que vivimos, apoyemos las iniciativas locales que dan vida a nuestro barrio, no dejemos que desaparezcan, pues representan espacios valiosos para nuestra comunidad. Fomentan la participación ciudadana, la diversidad cultural y la inclusión social, ofreciendo actividades y programas que enriquecen la vida de las personas, la vida de todos. Además, desempeñan un papel importante en la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, abordando desafíos sociales, culturales y ambientales. Permitir que desaparezcan significaría perder lugares de encuentro, intercambio cultural, aprendizaje, crecimiento comunitario y fortalecimiento de la cohesión social, así como el potencial de construir sociedades más equitativas y cohesionadas. Es fundamental que protejamos y apoyemos nuestros centros más cercanos para garantizar su continuidad y el beneficio que brindan a la comunidad, son espacios que merecen nuestro apoyo debido a su impacto positivo.
1 FERNÁNDEZ CASADEVANTE, J. L. Y RAMOS PÉREZ, A., “Innovaciones políticas y culturales de los centros sociales autogestionados”, en Boletín ECOS, núm. 7, mayo-julio 2009, CIP Ecosocial. Disponible en: https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Bolet%C3%ADn%20ECOS/Innovaciones_centro s_sociales_autogestionados.pdf
2 MARTÍNEZ, Z. Astra-Guernika: de fábrica de armas a centro social autogestionado en Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 80 (28.2), 2014. ISSN 0213-8646. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27433840004
3 https://capitanswing.com/libros/el-derecho-a-la-ciudad/
4 Col·lectiu Punt 6, Urbanismo Feminista, por una transformación radical de los espacios de vida, Ed. Virus, 2019, Barcelona, ISBN: 978-84-92559-99-2. Disponible en: https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php?pdf=urbanismo-feminista.pdf
